La abogacía se enfrenta hoy a muchos operadores -otros profesionales o no - que ofrecen prestaciones jurídicas de diversas maneras.
La tendencia mundial actual hacia la liberalización de los servicios jurídicos es, sin duda, una realidad. La creación del estatus de asesor jurídico extranjero, al que se refieren los trabajos de los Servicios Jurídicos Internacionales del CCBE, es la consecuencia evidente de ello.
En el Reino Unido, La Solicitors Regulation Authority (SRA), que desde hace poco autoriza al grupo de seguros Direct Line a prestar servicios jurídicos en determinadas circunstancias, lo demuestra.
En otros lugares, el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido la aparición de páginas web que ofrecen asesoramiento a usuarios que solicitan información jurídica.
En este contexto de mayor competencia, nuestra profesión debe innovar y adaptarse a una relación abogado-cliente distinta, pero sin renunciar a sus valores: ¿Desarrollando páginas web profesionales de asesoramiento? ¿Una publicidad más ofensiva? ¿Invirtiendo en nuevos ámbitos de actividad? ¿Y qué más?
Retomando las palabras de Christophe Jamin, catedrático de ciencias políticas, ¿se trata realmente de "resistir a la maquinaria de desprofesionalizar las actividades jurídicas"? ¿O se trata más bien de hacer evolucionar la manera de ejercer la abogacía?