Pronunciamiento a la Reforma Judicial Planteada en México

La Unión Internacional de Abogados junto con sus miembros colectivos mexicanos, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, A.C., El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C., La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados, A.C., junto con las demás instituciones nacionales e internacionales que se adhieran al mismo, nos expresamos de manera firme y respetuosa respecto de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que se ha iniciado en México, en atención a la trascendencia que tiene respecto de la vigencia del Estado de Derecho en México y sus posibles repercusiones a nivel global.

Destacamos y reconocemos el ejercicio de revisión del sistema judicial que México lleva a cabo, con un afán de mejorar las condiciones de igualdad y justicia. Lo anterior parece un ejercicio necesario y pertinente si tomamos en cuenta que según el Institute for Management Development de Suiza (IMD) tiene a México en el lugar 56 sobre 67 (solo 11 lugares arriba de Venezuela) en el índice de competitividad. México ha señalado que su principal reto para 2024, es mejorar su clima de negocios disminuyendo la incertidumbre y mejorando la justicia y la seguridad, así como su sistema democrático. De igual forma, Transparencia Internacional considera que la falta de independencia judicial promueve la impunidadi.

Al mismo tiempo, advertimos la importancia de realizar una revisión integral de todo el sistema de justicia local y federal (policías, fiscales, defensores públicos, peritos y jueces a nivel local y federal) y no sólo del Poder Judicial, ya que reducir la impunidad y generar condiciones de seguridad y justicia involucra a todos los órganos relacionados y requiere necesariamente una revisión de las autoridades a cargo del Poder Ejecutivo.

Ante la iniciativa que se presentó el día 5 de febrero, queremos señalar algunas preocupaciones y nos manifestamos a favor de la urgencia cuidar los principios fundamentales de la salvaguarda del Estado de Derecho.

En cuanto a las preocupaciones, destacamos la temporalidad con la que se quiere aprobar esta reforma, ya que una reforma de tal envergadura requiere de un análisis profundo. Lo anterior ha sido señalado por la Presidenta electa de México, invitando a que se lleve a cabo una consulta y un diálogo amplio sobre los diferentes aspectos de la iniciativa y que verdaderamente se atiendan todas las opiniones. Un análisis prematuro arriesga la toma de decisiones erróneas y costosas, amén de que podrían violar tratados internacionales de derechos humanos de los que México es signatario.

Recordemos que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establecen el derecho de toda persona a recurrir ante tribunales competentes, independientes e imparciales.

Consideramos de relevancia que se tome en cuenta que el derecho a tener un sistema judicial competente, independiente e imparcial es un derecho humano, y no un derecho de los que imparten justicia.

Cualquier reforma debe partir de un análisis objetivo con visión social de cómo mejorar la imparcialidad, la competencia y la experiencia de los jueces y la independencia del sistema judicial. El objetivo debe ser mejorar las condiciones de vida de las personas y fomentar un entorno positivo para el desarrollo económico; de lo contrario se debilitaría el estado de derecho en México, impactando así negativamente la competitividad económica de México, su sistema democrático y el equilibrio de poderes. Basar la reforma en motivaciones equivocadas ciertamente aumentará la incertidumbre, la inestabilidad y la falta de confianza, no sólo en el sistema de justicia, sino también en los mercados económicos y financieros, con la consiguiente retirada de los inversores extranjeros y un dramático aumento de la impunidad, la desigualdad y la pobreza en México.

Expresamos nuestra preocupación respecto a la propuesta de revisar todo el Poder Judicial Federal y local sin un esquema de gradualidad que garantice la continuidad en el funcionamiento de los órganos de justicia. Las consecuencias de una interrupción en la función de impartición de justicia pueden ser profundas e irreversibles.

Por otro lado, respecto al conjunto de propuestas que se encuentran en la iniciativa presidencial respecto al Poder Judicial y que actualmente se están discutiendo en los foros convocados por el Congreso de la Unión, queremos enfatizar la importancia de que se mantengan los principios fundamentales que garantizan una efectiva tutela judicial y el acceso a la justicia de todas las personas. Al respecto señalamos los siguientes:

    a) La independencia judicial: este principio es una condición indispensable para el funcionamiento adecuado de toda la judicatura en un país, requiere, entre otros aspectos, la autonomía presupuestal y la capacidad de regirse por sus propias determinaciones.

    b) El respeto, equilibrio y separación entre los poderes.

    c) La autonomía de las personas juzgadoras: Este es uno de los temas más importantes para garantizar una impartición de justicia imparcial, en ese sentido invitamos a que en los mecanismos de designación de las personas juzgadoras que se determinen, se privilegie la autonomía en su función.

    d) Preparación profesional y mérito: Los jueces siempre deben ser elegidos por mérito y con justa remuneración. También deben tener acceso a una formación y preparación adecuadas para desempeñar sus funciones esenciales de forma pertinente y competente.

Los anteriores postulados están fundamentados en los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por Naciones Unidas en 1985 y en la experiencia tomada de los regímenes democráticos vigentes en el mundo.

No omitimos señalar, la importancia que tiene frente a esta reforma que se mantengan las condiciones para que el Estado mexicano pueda cumplir con sus obligaciones internacionales, en materia de derechos humanos, economía y cooperación internacional, ya que además de ser obligaciones contraídas, su cumplimiento beneficia también de la sociedad mexicana.

Finalmente, como asociaciones que engloban a los profesionales del derecho en el mundo, expresamos nuestra disposición de participar y colaborar en este fundamental proceso que se inscribe en un momento histórico crucial de México.

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