Independencia y Estado de derecho
Ante el recrudecimiento de los ataques contra el Estado de derecho y tras el debilitamiento de este último en muchos países, la independencia, como concepto, actúa como protección de los ciudadanos contra la arbitrariedad. Necesaria para la justicia, la independencia debe ser defendida y fortalecida en toda circunstancia. La protección de la independencia de todo el sistema de justicia – y en particular la independencia de los abogados y de los magistrados – es un requisito esencial para la preservación del Estado de derecho. Si es indispensable garantizar la independencia del poder judicial, lo es también proteger la independencia de los abogados y de sus organizaciones profesionales, en conformidad con los Principios Básicos de la Habana, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en 1990, y esto así para que tanto los letrados como los colegios puedan asumir eficazmente sus funciones de asistencia, asesoramiento y defensa en el interés del justiciable, y contribuir de esa manera a la salvaguarda del debido proceso. Por último, dado que ni la independencia de la justicia ni el Estado de derecho pueden estar plenamente garantizados sin la promoción de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, es preciso proteger también la independencia de los periodistas y de los medios de comunicación: todo ataque contra la independencia de estos últimos implica una amenaza igualmente importante para el Estado de derecho.