El 24 de marzo de 2014, 529 ciudadanos egipcios fueron condenados a muerte por cargos relacionados con los incidentes que llevaron a la destitución del gobierno del presidente Mohammed Morsi en 2013. Al menos otras 600 personas están actualmente procesadas por cargos similares.
Según las informaciones recibidas, entre las muchas irregularidades procesales que tuvieron lugar durante el juicio, pueden citarse acusaciones poco claras o insignificantes, acceso limitado a los abogados defensores y juicios en rebeldía.
En un comunicado de prensa del 7 de abril de 2014, la UIA dijo que la pena de muerte impuesta a estos 529 acusados, tras un juicio de dos días de duración, constituye en sí una burla a la justicia y una violación flagrante de derechos y garantías.
La UIA recordó también a las autoridades egipcias sus obligaciones en tanto que Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e insistió en las garantías que deben respetarse a las personas pasibles de pena de muerte, tales como el derecho a un recurso y el efecto suspensivo de la apelación.
Para mayor información, le invitamos a leer el comunicado de prensa aquí debajo (en inglés).