Defensa de la Defensa - Informe de actividades 2016 -2017

Entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, el equipo de derechos humanos y defensa de la defensa de UIA-IROL ha vuelto a tratar las siguientes situaciones en materia de “Defensa de la Defensa”:
 

• la instrumentalización reiterada de los sistemas de concesión y renovación de licencias profesionales contra los abogados, y, en especial, contra aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y/o que se ocupan de casos sensibles;
   
• el acoso judicial unido a la equiparación que se hace entre los abogados y sus clientes o con la causa de sus clientes, tanto por parte de las autoridades como por el público, sobre todo cuando tratan casos sensibles (terrorismo, corrupción o narcotráfico, por ejemplo); el uso de leyes antiterroristas, concretamente, constituye una herramienta de represión muy utilizada contra los abogados: interpretando extensivamente estas disposiciones, las autoridades llegan incluso a criminalizar comportamientos que son propios a la mera defensa de sus clientes; 
   
• los ataques contra la inmunidad de la defensa y, de manera más general, contra la libertad de expresión de los abogados mediante procedimientos disciplinarios, civiles y/o penales, a través de la atribución de declaraciones calificadas de difamatorias o de procedimientos por «contempt of court» (desacato); 
   
• distintas formas de obstaculización de la defensa en el contexto de procedimientos penales contra abogados por motivos relacionados con ejercicio de su profesión;
   
• procedimientos y/o ataques contra abogados como represalias por la colaboración que establecen con los distintos mecanismos de Naciones Unidas u organismos intergubernamentales regionales;
   
• los embates contra la libertad de expresión de los abogados, mediante restricciones o sanciones por el uso de los medios de comunicación y/o redes sociales para denunciar violaciones de los derechos humanos y deficiencias en la administración de la justicia; estas medidas conocen con frecuencia un agravamiento cuando se aproxima la celebración de elecciones;
   
• la puesta en marcha de campañas de descrédito contra el trabajo o la reputación de los abogados a través de los medios de comunicación estatales y/o las redes sociales, y más específicamente cuando sus acciones están orientadas a mediatizar violaciones masivas de los derechos humanos o o cuando recurren a los sistemas internacionales y/o regionales de protección de derechos humanos.
  
  
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