Este año puede ser considerado un año importante para los derechos humanos. Si tenemos en cuenta las manifestaciones estudiantiles en el mundo entero, el discurso de la joven Greta Thunberg dirigido a los políticos o el fallo del Tribunal supremo del Reino Unido sobre el caso Vendata Resources plc contra Lungowe, no cabe duda de que los derechos humanos han ocupado un lugar central en el discurso global. El debate se centra en gran medida en el hecho de que los Estados y las empresas no respetan sus obligaciones en materia de derechos humanos y de derecho medioambiental. Para los activistas esto representa un paso adelante, pero ¿cuál es el impacto sobre las empresas y los gobiernos?

La protección de derechos humanos y ambientales específicos está reconocida en una serie de tratados internacionales. Estos han sido negociados en gran parte bajo el auspicio de las Naciones Unidas o a escala regional. A pesar de la existencia de acuerdos internacionales, surgen problemas a la hora de ponerlos en marcha a nivel nacional. La evolución de la jurisprudencia ha llevado al reconocimiento de derechos como el acceso a la alimentación, al agua, a la tierra y al aire limpio. Los activistas y los abogados siguen encontrando nuevos modos de garantizar un mayor cumplimiento de estas reglas por parte de los Estados y de las empresas. Sin embargo, la continuidad de los litigios sugiere un déficit en materia de responsabilidad. ¿Qué pueden hacer las empresas y los gobiernos para elaborar  mejores sistemas de conformidad con el fin de evitar los litigios, con frecuencia complejos y costosos? ¿Cuáles son los riesgos si no lo hacen? ¿Cómo pueden las víctimas de las violaciones de derechos humanos y medioambientales superar este déficit de responsabilidad?